Los modelos de lenguaje son potentes, pero arrastran una limitación crítica: no están conectados a bases de datos jurídicas reales ni actualizadas. Generan respuestas que suenan irreprochables y pueden ser completamente falsas.
Citan artículos con el número equivocado, inventan resoluciones que nunca existieron y aplican normativa ya derogada. Para un profesional del compliance, la abogacía o la asesoría fiscal, eso no es una anécdota: es un riesgo profesional y reputacional.
- Citan MiFID II o el RGPD con la numeración cambiada.
- Fabrican expedientes de la AEPD que no existen.
- Confunden la normativa española con la de otros países.
- No distinguen entre normas vigentes y derogadas.
- Desconocen la doctrina del TEAC, las consultas de la DGT y las guías oficiales.
No es una impresión, está medido: en nuestro benchmark de veinte preguntas, de los artículos que citó Claude 2 no existían y de los de ChatGPT, 1. De los 72 que citó SuperLawyer, existen los 72. Y en derecho aprobado en 2026 —lo que cambió este año— sacan 15 y 30 sobre 100; SuperLawyer, 85.